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Lo señaló el abogado Mario Ponce, advirtiendo que si el Gobierno no reglamenta la ley de adhesión voluntaria, hasta el 15 de octubre, que les permite percibir una reparación económica a quienes iniciaron juicios al Estado por lo sucedido en 1995, con la voladura de la Fábrica Militar Río Tercero, se presentará un recurso en la Justicia Federal. Se trata del decreto reglamentario que le dé forma a los detalles y el procedimiento de pago. En declaraciones al programa Pensar en Nada de la emisora Mestiza Rock, señaló que un funcionario del Ministerio de Defensa le solicitó que esperaran hasta esa fecha, para que se reglamente la ley, aprobada por el Congreso en 2015 y promulgada durante la anterior gestión nacional. “Es lo único que resta para que quienes adhirieron a esa ley puedan cobrar lo que se establece en la misma”, manifestó. Y recordó: “En una reunión el ministro de Defensa (Julio Martínez), dijo que ese trámite se realizaría a la brevedad; el interventor de Fabricaciones Militares, Héctor Lostri, de visita en la fábrica, también lo ratificó; el intendente (Alberto Martino), luego de reunirse en Buenos Aires con el ministro de Defensa y el Interventor, en una conferencia de prensa ya en la ciudad, señaló que había recibido el compromiso de que se cumpliría con ese trámite”. De esta manera, Ponce, enumeró las oportunidades, en donde funcionarios de la actual gestión nacional que preside Mauricio Macri, se comprometieron a la reglamentación de la ley, que es un resorte del Ejecutivo. “No se justifica que se dilate más, por eso, este es el último plazo: si el 15 de octubre, no se reglamentó la ley, presentaremos un recurso de amparo en la Justicia Federal”, advirtió Ponce. Consultado acerca de la demora que tendría ese trámite judicial, que se realizaría en Río Cuarto, señaló que es “breve”. Sobre la eventualidad de que el Gobierno pudiera apelar, no lo consideró como algo probable, ya que existió -recordó-, cuando fue votada la ley, unanimidad en ambas cámaras para su aprobación, incluidos los legisladores del actual oficialismo, otrora oposición. “Todos los diputados y los senadores votaron afirmativamente”, enfatizó. La ley número 27.179, establece que “tendrán derecho a percibir una indemnización por sí, o a través de sus herederos, en su caso, las personas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encontraren reclamando judicialmente los daños y perjuicios ocasionados”.

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Los montos indemnizatorios serán pagados “mediante la entrega de bonos de consolidación o bonos de consolidación de deudas previsionales”, y estarán exentos de gravámenes. El artículo 8 señala: “Quienes pretendan acogerse a los beneficios de la presente ley deberán desistir de toda acción y derecho que los asiste en los respectivos procesos judiciales y renunciar a entablar futuras acciones judiciales por daños y perjuicios contra el Estado nacional por el mismo hecho”. Ese trámite ya se cumplimentó por parte de los riotercerenses que demandaron al Estado, y se adhirieron a la ley, que fue aprobada en septiembre de 2015 y promulgada en octubre del mismo año. Solo restaba la reglamentación, algo que no sucedió hasta diciembre, en el anterior Gobierno. La nueva gestión tampoco lo hizo y a un año de ser promulgada, es lo que se está solicitando ahora. Sobre los montos indemnizatorios, que se pagarán en bonos del Estado, Ponce recordó que en el caso de quienes reclamaron por daños morales y psicológicos, actualmente lo que deberían percibir sería entre 90 y 100 mil pesos. La ley también alcanza a los herederos de quienes fallecieron producto de la voladura, a quienes recibieron “lesiones gravísimas”, “heridas graves” y a quienes reclamaron por los “daños materiales”. La mayor cantidad de demandantes por daños morales y psicológicos, están patrocinados por el letrado cordobés, sumando más de 10 mil. 


Rio Tercero – Indemnizaciones- “Es el último plazo para que no recurramos a la Justicia”
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